Una política pública no se mide por lo que promete, sino por lo que transforma

En los últimos años, los municipios de Pereira y Dosquebradas y también el departamento de Risaralda, han avanzado de manera copiosa en la formulación y adopción de políticas públicas sectoriales: educación, juventud, equidad de género, cultura, desarrollo económico, medio ambiente y participación ciudadana, son algunos de los campos en los que existen documentos aprobados que, en el papel, trazan rutas claras de largo plazo para su desarrollo.

Es indudable que resulta de gran valor contar con políticas públicas formalmente adoptadas pues ello implica que se han logrado construir acuerdos institucionales y sociales, sobre el rumbo en el que quiere avanzar. 

En teoría, estas políticas trascienden los periodos de gobierno y deberían garantizar continuidad, coherencia y sostenibilidad en la acción pública. Sin embargo, entre la aprobación de una política y su implementación efectiva suele abrirse una brecha silenciosa pero profunda.

En muchos casos, las políticas públicas terminan convertidas en documentos de referencia que se citan en los planes de desarrollo, pero cuyo cumplimiento real no siempre es objeto de seguimiento sistemático, evaluación rigurosa ni, mucho menos, de control ciudadano informado. Se diseñan indicadores, se formulan metas, pero rara vez se mide, con independencia, si estas se están alcanzando o si las acciones emprendidas están generando los impactos esperados.

Aquí es donde surge una necesidad urgente de generar mecanismos de evaluación independiente. Organizaciones académicas de la sociedad civil como Sociedad en Movimiento tienen el potencial de desempeñar un papel estratégico en el campo de la evaluación, pues su carácter independiente, su capacidad técnica y su legitimidad la convierten en actor idóneos para analizar, con rigor y objetividad, qué tanto se están cumpliendo las políticas públicas adoptadas por los municipios y el Departamento

Su acción sería una forma de complementar el ecosistema de gobernanza local con ejercicios de evaluación basados en evidencias, que permitan responder preguntas fundamentales: ¿se están ejecutando las acciones previstas?, ¿se están cumpliendo las metas?, ¿están mejorando realmente las condiciones de vida de la ciudadanía?

Una evaluación independiente también cumple otra función clave: devolverles sentido público a las políticas. Cuando la ciudadanía conoce los avances, o los rezagos, de una política pública, se fortalece la participación, se eleva el nivel del debate y se generan incidencias reales para la rendición de cuentas.

Además, en departamentos como Risaralda y en ciudades como Pereira y Dosquebradas, donde los recursos son limitados y las necesidades múltiples, evaluar, más allá de una etapa técnica, es una obligación ética. Cada peso invertido en política pública debería estar respaldado por evidencia sobre su eficacia y su impacto.

Consolidar un sistema de seguimiento y evaluación independiente, liderado o acompañado por organizaciones como Sociedad en Movimiento, con amplio respaldo académico, podría marcar un punto de inflexión en la gestión pública territorial, pues no sólo permitiría identificar qué funciona y qué no, sino que contribuiría a construir una cultura de gobierno basada en resultados y no únicamente en intenciones.

Porque al final, una política pública no se mide por lo que promete, sino por lo que transforma.