Un antecedente, que pone en contexto de tiempo, esas cifras, apareció en la edición del periódico El Tiempo, del 17 de febrero de 2020: “En el 2019 se registraron 25.695 víctimas. (de violencia sexual) El 74 % no había cumplido 15 años. Y luego agrega, “En los registros figuran 2.744 niños y niñas que estaban en la primera infancia y no habían llegado a su cuarto cumpleaños. Además, están 6.200 niños y niñas que tenían entre 5 y 9 años, y 10.245 preadolescentes, entre los 10 y los 14 años, el grupo más afectado.”  

Es la radiografía, en cifras, de un grave delito que corroe hasta el fundamento de la sociedad colombiana y para el que no aparece un remedio, ni medianamente eficaz.   

En lo que hace relación a Pereira no se tiene noticia de cifras concretas, sin embargo, en la publicación aludida de la revista Semana, aparece una relación de exámenes de medicina legal, practicados para verificar delitos sexuales en Colombia, entre enero y mayo de 2020, en ese balance, Pereira ocupa el sexto lugar con 142 casos, por encima solo están Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, ciudades que tienen, por lo menos, como es el caso de Cartagena, cuatro veces la población de Pereira.  

Lo que nos permite calcular que, en relación con el número de habitantes, Pereira soporta la mayor proporción del país, en exámenes médico-legales, para comprobar la existencia de delitos sexuales. Con la proporción de 2019, cuando el 74% de los casos examinados afectó a menores de edad, podemos calcular que, en los primeros cinco meses de este año, 2020, por lo menos, 105 exámenes fueron realizados a memores de 15 años en Pereira. Aproximadamente, un examen cada 34 horas.  

Sin embargo, esa abultada cifra no corresponde a la realidad, pues distintas fuentes nos confirman que en nuestro país y también en el mundo, el porcentaje de delitos sexuales que se denuncia, incluidos los consumados o intentados contra menores, son solo un pequeño porcentaje.  

En Colombia, el estudio “La violencia sexual en Colombia”, de elaboración múltiple, presentado en 2010 por el Ministerio de Protección Social, afirma: “Las cifras de violencia sexual y su situación en el marco de la realidad colombiana muestran sólo una parte de la altísima vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que son víctimas cotidianas de las violencias sexuales en el marco de relaciones familiares, sociales, comerciales, de delincuencia común y en el marco del conflicto armado. Sólo un pequeño porcentaje de ellas acceden a los servicios de salud buscando atención médica específica por causa de la violencia sexual.”  

La parte oculta  

Sobre la parte oculta de esa tragedia, en julio pasado, Paula Robledo, Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, citada por la “LIGA CONTRA EL SILENCIO” una iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP; reveló unos números conmovedores, “En promedio cada día 10 niños y niñas menores de cinco años son víctimas de violencia sexual y 6 de violencia física (…)  19 niños y niñas entre los 6 y 11 años son víctimas de violencia sexual y 9 de violencia física”.  

De donde podemos concluir que el numero de 105 exámenes practicados para comprobar la existencia de delitos sexuales, presuntamente cometidos contra memores de 15 años, en Pereira, puede ser la punta visible de un problema que, por incomodo y vergonzoso, la sociedad mantiene oculto, muchas veces con hipocresía.  

Desde 2002, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que, en el mundo, 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico y agregó. “Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.”  

En Colombia, específicamente, según una publicación del Instituto de Medicina Legal, citada por del diario El Tiempo, en 2019, por lo menos 11.716 presuntos victimarios de menores abusados sexualmente pertenecían al entorno próximo de las víctimas: “En la familia, los principales agresores son los padrastros (26 %), los padres (18 %), los tíos (16 %) y los primos (11,3 %). Además, 1.634 agresores eran la pareja o expareja de la víctima.”  

Esto lo corrobora el Instituto Colombiano de bienestar Familiar, ICBF, en una nota insertada en su web, en junio pasado, que asegura:   

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes, en Colombia, el 41 % de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual, física, o psicológica. De estos, el 72 % ha ocurrido al interior de los hogares y el 28,4 % se perpetúa por algún miembro de la familia.   

La mayoría de los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes son cometidos por personas cercanas, entre los que se incluyen tanto familiares como cuidadores y maestros. Cuando el agresor está dentro del núcleo familiar, se corre el riesgo de que la violencia sexual sea llevada a cabo de manera repetitiva y sistemática.”  

La innovación     

  Sin embargo, en tiempos de la presente pandemia, hay noticias del crecimiento exponencial de otra forma de violencia sexual que afecta a los menores edad, alrededor del todo el planeta.    

  La Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, mantiene una alerta en su sitio WEB: “El alcance mundial y el anonimato de Internet han facilitado enormemente la distribución de material relacionado con abuso sexual de menores, y el acceso a este. Los delincuentes sexuales pueden producir, intercambiar e incluso emitir en directo vídeos de abusos a niños, e incluso a bebés. También pueden ponerse en contacto directamente con niños a través de redes sociales y funciones de chat en juegos o aplicaciones.”    

Y en Pereira, la Personera Municipal, Sandra Lorena Cárdenas ha hecho un llamado urgente a la acción contra todas las formas de abuso sexual infantil, incluida la modalidad virtual, que tiene, en el ámbito local, un crecimiento inmedible.  

La Personera Cárdenas, al informar sobre uno de los hallazgos del Observatorio de Derechos Humanos, señalo, refiriéndose a esta nueva forma tecnológica y comercial del viejo delito: “estos negocios se desarrollan en apartamentos o casas de manera clandestina, ubicados en conjuntos residenciales, a donde llegan los niños, niñas y adolescentes a exponer sus cuerpos desnudos ante una cámara para realizar actividades para quien los observa, encontramos testimonios que nos ratifican que muchas veces ellos entran a los estudios con documentación falsa y los propietarios no hacen la labor de corroborar”.  

La lejana mirada del Estado  

Frente a las múltiples formas de los delitos de abuso sexual infantil, es desconcertante la falta de acciones contundentes del Estado colombiano. Las cifras contenidas en el Sistema de Información del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA- de la Fiscalía General de la Nación, correspondientes a 2017, tal vez las últimas disponibles; relacionadas con presuntos delitos de explotación sexual comercial de menores, muestran unos resultados desesperanzadores: en 2.226 investigaciones, se realizaron 222 imputaciones y se obtuvieron solo 68 condenas.   

Sin embargo, las autoridades de nacionales de policía y las de muchos departamentos y municipios, se ufanan pregonando la disminución de los delitos de alto impacto, pero se guardan las estadísticas de los delitos que conforman el abanico de los tipos penales que se enmarcan dentro del abuso sexual infantil, que son con mucho, los de mayor impacto en la sociedad colombiana, que no solo destruyen la autoestima de sus víctimas, las habilidades para vivir en comunidad y también la armonía familiar, pues, como queda dicho atrás, la mayoría de los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, son cometidos por personas cercanas o de la familia.  

En la mayoría de los delitos, con excepción del homicidio, los daños son reparables, y, de hecho, las normas penales otorgan beneficios, como la rebaja de penas, para los delincuentes que reparen a sus víctimas, pero, en los delitos sexuales y muy especialmente en los que afectan a menores de edad, tal reparación es muy difícil, como también lo es, la desaparición de sus secuelas.  

  Las consecuencias  

Abundante literatura científica, proveniente de todo el mundo, expone datos y conceptos que señalan que el haber sufrido la experiencia negativa de ser víctima de un abuso sexual, especialmente en una edad temprana, puede alterar la capacidad del sistema nervioso, como reacción a fuertes influencias del entorno, cuando la plasticidad cerebral es inmadura, “lo cual a su vez parece conllevar problemas de relación, “desregulación disruptiva” del estado de ánimo y de la conducta (irritabilidad permanente, con estallidos frecuentes), así como múltiples problemas sociales y emocionales” 1.  

Distintos estudios sobre las consecuencias psicológicas del abuso sexual en los menores, han encontrado que, en la infancia, las víctimas suelen tener reacciones somáticas, conductas sexuales inapropiadas y problemas emocionales como la ansiedad, la depresión y el retraimiento, esto en su esfera interior. Y en sus relaciones interpersonales se han documentado “trastornos disociativos, problemas en las relaciones con los iguales, bajo rendimiento escolar”. Todos estos problemas suelen persistir, no solo en la adolescencia, sino, a lo largo de la vida y su regresión, aun con ayuda científica, suele ser muy difícil.   

“También, es más probable que los adolescentes abusados sexualmente, comparados con otros niños, realicen actividades delictivas, sufran trastornos de la alimentación, problemas físicos de salud, consuman drogas, lleven a cabo más conductas suicidas y autolesivas y conductas sexuales tempranas y de riesgo”2  (Feiring, Miller-Johnson y Cleland, 2007).  

Al llegar a la edad adulta, en las víctimas de abuso sexual infantil pueden mantenerse las dificultades sicológicas, o despertar algunas que pudieron haber permanecido dormidas, lo que prolonga, por tiempo indefinido, las consecuencias nocivas del maltrato.   

“Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima o problemas en las relaciones sexuales”3   

La multiplicación de las secuelas anotadas en el número de menores abusados sexualmente, que crece incontenible, llevaría a nuestra sociedad a un estado en el que las reacciones de un sinnúmero de personas perturbadas e inadaptadas la lleven a un estado de violencia, intolerancia, deseos de venganza y postración social, que lesione gravemente, o destruya, la armonía necesaria para vivir en comunidad.  

Un estado de cosas que necesariamente se producirá, si cada comunidad no acomete la tarea de parar y perseguir, cualquier forma de abusos sexual contra los menores.  

  1Noemí Pereda y David Gallardo-Pujol, en “Revisión sistemática de las consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil”, Gac Sanit vol.25 no.3 Barcelona jun. 2011  

2 Feiring, C., Miller-Johnson, S. y Cleland, C. M. (2007) “Potential pathways from stigmatization and internalizing symptoms to delinquency in sexually abused youth. Child Maltreatment”, 12, 220-232.  

3 “The APSAC Handbook on Child Maltreatment” Berliner y Elliot, 2002