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Mercado laboral colombiano en época de pandemia

Oscar Arango Gaviria  

Profesor Universidad Tecnológica de Pereira  


Nunca en tan corto tiempo el mercado laboral colombiano había sufrido un impacto tan profundo. Este es el resumen de la tragedia.  

Entre abril de 2019 y abril de 2020 disminuyó en 5.34 millones la población ocupada (uno de cuatro puestos se perdió). Al tiempo, aumentaron en 1.56 millones los desocupados (un 62% más). La tasa de desempleo (19.4%) figura como la peor registrada desde la crisis económica de 1999. Colombia ahora tiene 1.56 millones de desempleados nuevos (943 mil hombres y 616 mil mujeres). Se pasó de 2.5 millones a 4.1 millones.  

En el año de referencia las mujeres perdieron 2.66 millones de puestos de trabajo y los hombres 2.71 millones. Mientras las mujeres vieron crecer su tasa de desempleo de 13% a 23,5%, los hombres la incrementaron de 8,4% a 17,3%.  

En las 10 ciudades intermedias diferentes a las 13 ciudades más grandes y sus áreas metropolitanas el desempleo es del 30,4%, mientras en los centros poblados y la zona rural dispersa es del 11,2%.  

En abril de 2020 en Armenia el desempleo llegó a 24,1%, en Manizales AM a 16,6% y en Pereira AM al 16,1%. Según el MIntrabajo, Armenia está en semáforo rojo, Manizales AM y Pereira AM están en el semáforo naranja-alerta, es decir, más personas buscan empleo y más empresas desvinculan trabajadores, pero también menos personas buscan empleo por desaliento. En Pereira AM, 16 mil personas perdieron su empleo y ahora se contabilizan 47 mil personas desocupadas,  

En el país, la población joven (14 a 28 años) ocupada que sumaba 3.35 millones en abril de 2019, desciende a 2.11 millones. Su tasa de desempleo pasa de 18,5% a 22,8%. El desempleo juvenil en Armenia es del 33,9% (el tercero más alto en el país), en Manizales del 25,4% y en Pereira del 23%. La mayor tasa en este grupo de edad la tiene Ibagué con 37,7% y la más baja Cartagena con 21,1%.  

Por posición ocupacional, los empleados particulares perdieron 2.65 millones de empleos; los trabajadores por cuenta propia 1.72 millones; los empleados domésticos 376 mil; los patronos o empleadores 303 mil; los trabajadores sin  

remuneración 298 mil; los empleados del gobierno 26 mil. En el año hubo 7 mil nuevos jornaleros.  

Por rama de actividad económica, la industria manufacturera perdió un poco más de un millón de puestos, el comercio 943 mil, las actividades artísticas, y de entretenimiento 806 mil, la construcción 657 mil. Todas las demás ramas también disminuyeron sus ocupados, con excepción del suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos que sumó 9 mil ocupados más.  

Al tiempo, se disminuyó el número de horas trabajadas. Hace un año el 49% de los trabajadores laboraba más de 40 horas, ahora lo hace solo el 30%. Por el contrario, quienes estaban ocupados hasta por 20 horas eran el 19%, hoy son el 48%. Casi 9 millones de personas trabajaron menos horas. Se estima que los ingresos del personal ocupado disminuyeron un 35%.  

Al crecimiento de la población inactiva contribuyeron esencialmente los oficios del hogar con 2.66 milllones de personas (879 mil hombres y 1.780 miles de mujeres). En condición de otra actividad se pasó de 3.1 millones a 4.58 millones, es decir, millón y medio más de personas. Quienes reportaron como actividad el estudio sólo tuvieron un incremento de 152 mil personas (de 5.634 miles pasaron a 5.796 miles).    

La tasa global de participación disminuyó de 62,2% a 51,8%, siendo más notable en las 10 ciudades de menor tamaño donde el cambio fue de 61,7% a 47,3%.  

Paralelamente, en el año estudiado se perdieron 36 mil aportantes como personas jurídicas y 150 mil personas naturales dejaron de aportar. Mientras tanto, ahora se tienen 234 mil personas menos como cotizantes dependientes y 153 mil menos como cotizantes independientes.

En marzo de 2020 se reportaron 312 mil suspensiones de contrato, 147 mil más que en 2019. El 20,7% de los cotizantes dependientes declararon estar en vacaciones, en comparación con el 3,9% que se presentaba un año atrás.  

Hoy Colombia tiene más desempleo, menos horas de trabajo, menos ingresos laborales y más trabajadores suspendidos y en vacaciones. Los especialistas en el tema laboral pronostican que aun siendo muy graves las cifras descritas, estas podrán llegar a ser más críticas en el resto del año.  

Está previsto un descenso del -5.5% en el PIB colombiano en 2020, cuando al comienzo de año se pronosticaba un incremento del 3.7%. Tal es el tamaño dl desafío para recuperar los trabajos perdidos y, más temprano que tarde, iniciar el camino de una nueva y sostenida senda de oferta para el trabajo digno.  

En consecuencia, parte del desafío de los gobernantes, los cuerpos colegiados, la dirigencia política, gremial y social, lo mismo que la academia es adoptar nuevos paradigmas para el desarrollo y la aprobación de reformas estructurales que consoliden la reducción de la pobreza; salden la deuda con la reforma rural integral;  

garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria; faciliten nuevos crecimientos de las clases medias; ofrezcan garantías reales de aseguramiento a los desempleados y enruten al país por la senda del desarrollo sostenible.  

En este sentido, según lo expresa el exministro Mauricio Cárdenas, “el desempleo es otra pandemia que se propaga rápidamente, pues forma un círculo vicioso que solo se rompe con la intervención del Estado”.  

Para atender la crisis, mientras el Ministerio de Trabajo anuncia que estará convocando una Misión de Empleo, en el Congreso hace curso un proyecto de ley estableciendo la renta básica de emergencia por tres meses que garantice un mínimo vital por un monto de un salario mínimo mensual para 9 millones de hogares, de los cuales 6,8 millones corresponden a los hogares pobres y vulnerables y los restantes 2,2 millones corresponden a trabajadores de micronegocios que no hacen parte de hogares pobres y vulnerables.  

El costo de este programa se estima en $7,9 billones mensuales, es decir, 23,7 billones de pesos para un período de tres meses, equivalentes al 2,3% del PIB. Pero si se descuentan los recursos de los programas asistenciales que hoy reciben las familias más pobres hasta completarles el salario mínimo, recursos que suman $3 billones, el costo final del proyecto sería de $20 billones, esto es, el 2% del PIB. Una cifra razonable que podría tener como fuente de recursos un crédito directo del Banco de la República al gobierno, la utilización de parte de las reservas internacionales y un impuesto al patrimonio de las más grandes empresas y personas naturales y/o la eliminación de exenciones de impuestos. A las graves cifras del desempleo puede seguir la hambruna. Es de esperar, entonces, que el Congreso y el Gobierno estén a la altura de las circunstancias.  

Foto: Crédito: Semana/Guillermo Torres


Fecha: 01 de Julio de 2020
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