El departamento, a pesar de ser una pequeña joya de biodiversidad nacional, con una gran diversidad paisajística, posee tres problemáticas ambientales según el Atlas de Justicia Ambiental.

Por:  Marcela Arboleda Arias.

Alejandro Arango Ramírez, profesor investigador del Programa Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, indica que un conflicto ambiental se puede definir como aquella situación en donde se presenta un enfrentamiento entre varias partes interesadas alrededor del uso de recursos naturales. 

“Vemos que Risaralda cuenta con una serie de conflictos ambientales, a pesar de la poca extensión territorial que posee”, explicó el docente. 

Según el Atlas de Justicia Ambiental (organización con injerencia a nivel mundial), Risaralda cuenta con tres conflictos ambientales:  

Minería en Quinchía  

Hay reportes que indican que de las 14.200 hectáreas que tiene el municipio, más del 10 % del área se encuentra concesionada a la minería transnacional, principalmente de oro, una de las actividades de minería más impactantes desde el punto de vista ambiental.

La explotación de oro se hace de tres formas tradicionales en el municipio de Quinchía, realizada en su mayoría por pequeños mineros: entre 800 y 1000. Según el atlas, “las compañías multinacionales, en el caso de la Seafield, anuncia recursos de 1.582.105 onzas de oro que, transadas con el actual precio del gramo en Colombia, podrían significar ingresos por más de tres billones esto es 10 veces el presupuesto de Risaralda para el 2011, 330 veces el presupuesto del municipio en el 2010 y más de 30.000 veces el ingreso que por concepto de regalías tuvo la población para el mismo periodo”.  

Bioparque Ukumarí 

El Atlas también indica que hay un problema con el Bioparque Ukumarí de Pereira. Hay unas contradicciones grandes en las inversiones que se le han hecho al parque, en donde solamente invirtieron 3.500 millones en su primera fase, sin embargo en sus alrededores como el sector de Esperanza Galicia se evidencia el tema de asentamientos con viviendas en alto riesgo y deficiencias en servicios públicos (acueducto y alcantarillado, vías, etc.). Esto ha generado un problema entre esas comunidades.  

Barbas Bremen 

El Proyecto de distribución de energía en la reserva Barbas Bremen genera un conflicto ambiental. Allí se encuentra la instalación de unas torres de distribución que ocasiona problemas de deforestación (37 metros de ancho cada torre), afectación en la regulación de flujos hídricos, fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad (mono aullador) y de sus relaciones con la apropiación cultural.  

Conflictos ambientales que ha identificado La Cárder  

El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) aborda el manejo de los conflictos ambientales desde tres frentes de trabajo articulados; el mejoramiento de la gobernanza ambiental local, desde las perspectivas de la participación ciudadana, la educación ambiental y el control y seguimiento del estado de los recursos naturales.  

Algunos de estos conflictos tienen que ver, por ejemplo, con; el uso del agua para abastecimiento humano en acueductos comunitarios; el uso del suelo en zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico; el uso del suelo en zonas estratégicas para la recarga de acuíferos de agua subterránea; el uso al interior de áreas protegidas y otros suelos de protección; los aprovechamientos forestales y los asentamientos formales e informales en zonas con presencia de amenaza alta por fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y deslizamiento; entre otros.  

Con respecto al cuidado del agua, en la Florida hasta la bocatoma, la entidad ambiental ha suspendido cualquier tipo de vertimientos y concesiones con el ánimo de evitar la construcción de más viviendas en ese sector.  

Adicionalmente cuentan con un sistema moderno de ortofoto que les permite tener claro que hay en determinada zona de influencia con una fotografía que a detalle puede determinar que hay. Con esto las secretarías de gobierno y los corregidores puedan entrar a hacer procesos de demolición.  

Conflictos no reportados  

Según el Ideam (2018), sólo entre el 2013 y el 2017 se perdieron 836 hectáreas de bosques.  

– Producción forestal : En Risaralda, según datos del Ministerio de Agricultura, hay casi 5.000 hectáreas de pino y eucalipto; especies forestales invasoras que ponen en riesgo la disponibilidad del agua, la fertilidad del suelo y son motor de pérdida de biodiversidad. Ponen en riesgo los recursos hídricos, ya que están adaptados para capturar grandes cantidades de agua, especialmente en épocas de lluvia para consumirla en temporadas de sequía  

– Expansión de la frontera agropecuaria:  Históricamente el café y la dedicación de tierra al ganado son un gran problema. Ahora bien, en Risaralda, el 25 % del territorio está en conflicto de uso del suelo severo y con zonas de susceptibilidad a deslizamientos  

-Urbanización:  Pereira y Dosquebradas cuentan con varios proyectos de vivienda, los cuales no están desarrollando ningún proceso de planificación ambiental (compensación de coberturas vegetales), en donde además hacen grandes movimientos de tierra sin contar con el visto de la Dirección de Gestión de Riesgo (Es de recordar que Pereira vivió hace poco una emergencia por la ola invernal). 

“Hacen grandes extensiones de cemento y no piensan en las coberturas forestales que se están perdiendo y en los efectos que tiene en el suelo, la regulación de flujos hídricos, entre otros”, dijo Alejandro Arango Ramírez, profesor investigador del Programa Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia. 

Así pues, la transformación de un territorio no se resuelve con siembras en sitios que no tienen problemas, porque el lugar que fue intervenido pierde posibilidades ecosistémicas, ya que la cobertura que estaba allí servía de retención del suelo, regulación de flujos hídricos, mitigación de los cambios de microclimas, entre otros.  

¿Qué hacer?  

El departamento requiere de una estrategia de resolución de conflictos ambientales que articule herramientas legales, regulatorias, políticas y sociales que aseguren que los sectores económicos se amolden a sus entornos naturales y sociales y que se parta de los principios de defensa de la vida y el derecho a un ambiente sano. Risaralda tiene todo para romper con el paradigma colombiano de que la degradación del ambiente es un “costo necesario” del desarrollo y para eso la Gobernación, la Cárder y los municipios deben jugar roles activos en proyectos y actividades económicas de injerencia regional y nacional.  

Fuente: eldiario.com