Un estudiante de Licenciatura en Lenguas Modernas de 24 años de edad conocido como Tatán fue capturado por agentes adscritos a la Sijín en Armenia por producir grabar y vender pornografía infantil en el país y en Europa. 

El coronel Ricardo Suárez Laguna, comandante de la Policía Nacional en el Quindío, aseguró que el proceso en contra de este joven inició luego de la denuncia de los padres de una menor de 14 años a la que pagó para sostener relaciones sexuales y grabar el encuentro. “Este material lo comercializó y luego lo hizo público en la institución educativa donde estudiaba la víctima porque ella se negó a volverse a ver con él”, explicó al medio de comunicación “La Crónica del Quindío”. 

Por la magnitud del escándalo, los docentes de la institución fueron los encargados de alertar a los padres de familia y a la Policía sobre el video que estaba circulando. Una vez que la Fiscalía tomó el caso, verificaron las URL de la páginas web donde aparece publicado el video. “Se estableció que el servidor principal está en una página que publica videos pornograficos en Moscú y Rusia. De este modo, se identificó la dirección IP y el usuario utilizado para subir el material, el cual le pertenece a alias Tatán”, agregó el coronel Laguna. 

Según las autoridades, el joven se ganaba la confianza de las menores y luego se comunicaba con ellas a través de las redes sociales. “Una vez lograba algún tipo de contacto establecía comunicación con ellas a través de las redes sociales como Facebook donde se presenta como modelo webcam”, manifestó el coronel Laguna. 

Cuando caían en la trampa, las llevaba hasta su residencia donde tenía varios cuartos que funcionaban como estudios de grabaciones, muchos de estos videos los transmitía por internet en vivo. “El material que lograba obtener lo comercializaba en diferentes países de Europa como España”, sostuvo el alto mando. 

Luego de varios meses de investigaciones bajo la coordinación de la Fiscalía, agentes de la Sijín ingresaron a la casa del universitario donde incautaron cinco discos duros en los que almacenaba los videos pornograficos. Estos servirán como material probatoria en su contra. “El implicado tendrá que responder por los delitos de pornografía con menores, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores, explotación de menores de edad e inducción a la prostitución”, informó el comandante de la Policía Nacional en el Quindío. 

Así mismo, las autoridades pudieron identificar otras víctimas, quienes están siendo contactadas para que emitan las respectivas denuncias. Sin embargo, según la Crónica del Quindío, pese a la gravedad de estas faltas que involucran a niños y adolescentes, el juez que atendió el caso no consideró necesario privarlo de su libertad. No obstante, el proceso continúa hasta establecer su culpabilidad. 

Pero lo que más preocupa de este caso es que el universitario se esté preparando para ser un futuro docente, y es muy probable que pueda dictar clases a menores de edad. Para Nora Picasso, de No es Normal de la Universidad de los Andes, un grupo que denuncia las circunstancias en las que los estudiantes enfrentan situaciones de género, sexismo y acoso, “lo correcto no sería negarle que se gradue. Se debería plantear una sanción que deje una anotación en su hoja de vida de manera que donde pida trabajo puedan tener conocimiento de lo que hizo”. 

El presidente del movimiento político MIRA, Carlos Alberto Baena López, aseguró frente a otro caso similar que, “si alguien está siendo investigado, deberá ser reportado y, en consecuencia, apartado del ámbito educativo y de cualquier contacto o interacción con los menores de edad”. 

Estas declaraciones se dieron luego de que a mediados de febrero la Secretaría de Educación Distrital (SED) anunció que mantenía 91 procesos abiertos contra el mismo número de profesores de colegios públicos de Bogotá acusados de presunto abuso sexual contra estudiantes. Días más tarde y ante el revuelo que ocasionó esta información, la Secretaría anunció una medida sin precedentes: suspendió y retiró a todos los docentes investigados de las instituciones de educación hasta esclarecer su situación judicial y penal. Según la SED, “estos docentes están reubicados en actividades que no les implican relación con estudiantes, y están fuera de los colegios”. 

Frente a lo sucedido en Bogotá, el movimiento político MIRA radicó un proyecto de ley que busca inhabilitar de por vida a docentes y cuidadores condenados por este tipo de delitos e impedir que ejerzan cualquier tipo de cargo en instituciones educativas públicas o privadas. 

Para evitar llegar a este punto, algunos opinan que se deberían realizar test psicológicos antes de contratar a un docente para identificar este tipo de comportamientos, sin embargo, Picasso, asegura que no es una buena estrategia. “Estos comportamientos no son excepcionales, se tiende a pensar que son personas enfermas, entonces se generan perfiles de hombres locos, pero en la vida real lo hace mucha gente común, que seguramente no van a parecer con alguna discapacidad psicosocial. Lo que debería pasar es que se les aplique una sanción que evidencie con nombre propio lo que hicieron para evitar que cometan lo mismo en otros lugares”, explicó.

Fuente/Semana